El pasado 1 de enero, las campanadas de nochevieja nos trajeron un aumento de la transparencia en muchas áreas que han cobrado una visibilidad más acorde a los nuevos tiempos. No me refiero al vestido de Cristina Pedroche sino a la entrada en vigor la reforma de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) que se contemplaba en la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público.
Se pone así en marcha el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), parte pública y visible de la BDNS, que, sustituye al Portal de Transparencia de Subvenciones, que ya ofrecía información acerca de 1,3 millones de concesiones otorgadas por el sector público estatal. Ahora, el nuevo Portal informará sobre las concesiones de las todas las Administraciones públicas, recopilando todas sus convocatorias, proporcionando a los ciudadanos y a las empresas un único lugar de acceso para la consulta de las subvenciones que les puedan interesar, incluso creando alertas y suscripciones.
El artículo 20, de la Ley General de Subvenciones (LGS) -modificado en el año 2014- creó la BDNS para promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Esta Base de Datos daba cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea y asignaba a la Intervención General de la Administración del Estado la responsabilidad de su administración y custodia con las debidas garantías de confidencialidad y seguridad de la información.
El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.
Están obligados a facilitar información sobre las subvenciones que concedan, los órganos de:
- a) La Administración General del Estado
- b) Las entidades que integran la Administración Local
- c) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- d) Los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.
- e) Los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas y organismos o entes dependientes de ellas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.
Asimismo, deben facilitar información por las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen, los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas que se rijan por Derecho privado, los consorcios, mancomunidades así como las fundaciones del sector público. Recuérdese que en el ámbito privado, las entidades sin ánimo de lucro de menor entidad (es decir las que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros) esta BDNS servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de la Ley de Transparencia.
Como había destacado la doctrina (así, este reciente artículo de Auditoría Pública) la LGS había establecido que la información incluida en la anterior base de datos nacional tenía carácter reservado, sin ser cedida o comunicada a terceros, lo que exigía una revisión conceptual en el marco de la nueva política legal de transparencia.
Además, la situación ocultaba importantes omisiones de envío de información, como pusieron de manifiesto nuestras Instituciones de Control Externo. Así, por todos y entre los últimos, el informe del TCu sobre Subvenciones Ministerio del Interior-2012 (pág. 18) o de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre “Subvenciones y ayudas concedidas por el sector público autonómico en el ejercicio 2011” (pág. 11).
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